El colectivo de fisioterapeutas, formado por más de
7.600 profesionales, no ha sido convocado por la Consejería de Sanidad
para ser informado sobre las medidas que pretende adoptar
Madrid, octubre de 2012.-
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid
(CPFCM) rechaza la privatización del 10% de los centros sanitarios y
hospitales de la Comunidad de Madrid, anunciada por la Consejería de
Sanidad, por considerar que esta medida supondrá un retroceso en la
calidad asistencial e incrementará la precariedad laboral del colectivo.
El decano del CPFCM, Carlos Valiente, alerta de que con la
privatización, los fisioterapeutas sufrirán un deterioro de su
retribución, ajustada en la actualidad a su titulación y
responsabilidad, al quedar a merced de los criterios de la empresa
privada.
Por otra parte, informa de que para hacer rentable el
servicio, las empresas gestoras se verán obligadas a reproducir el
modelo ya obsoleto de una atención de fisioterapia a la que acuden
masivamente los pacientes. “Muchas compañías aseguradoras asignan la
sesión de fisioterapia en 3 o 4 euros, de manera que para rentabilizar
el servicio, citan hasta 20 pacientes a la hora”.
Además,
asegura que “la empresa privada busca, ante todo, el beneficio, por lo
que estos centros apostarán por las disciplinas más rentables,
“reservando” para los públicos el resto. En consecuencia, se generará
sobresaturación de los servicios, perjudicando a profesionales y
pacientes”.
Así, constata que en Fisioterapia, el ámbito más
afectado será la Atención Primaria, orientado al cuidado integral de las
personas en las facetas curativas, preventivas, y de promoción de la
salud.
En este sentido, Valiente recuerda que “hasta ahora, el
servicio público de Fisioterapia en Atención Primaria de la Comunidad de
Madrid ha sido un modelo de cobertura sanitaria de acceso equitativo
para toda la población, citado como ejemplo en todos los análisis
internacionales”.
“Es mucho más barato que cualquier modelo
europeo, y los ciudadanos lo sitúan como el servicio público mejor
valorado de la Comunidad con índices de satisfacción superiores al 90%”.
Por otra parte, añade que los profesionales de la Fisioterapia,
“han demostrado siempre su implicación con el sistema sanitario,
contribuyendo a desarrollar y a aplicar herramientas de gestión que
permiten disminuir costes, aumentar la eficiencia y asegurar la
sostenibilidad y solidez de la sanidad pública”.
Sin embargo en
esta ocasión, para la elaboración del Plan “no se ha tenido en cuenta la
opinión, ni las aportaciones del colectivo”.
Solicitan reunión con Fernández-Lasquetty
En
este sentido, el CPFCM denuncia que, pese a constituir un colectivo de
7.600 profesionales, la Comunidad de Madrid no le incluyera entre los
colegios sanitarios que fueron convocados para explicarles directamente
el Plan, reduciendo el grupo al colectivo de médicos, enfermeros y
farmacéuticos, y excluyendo al resto de profesiones sanitarias.
Siendo
así, el CPFM ha abogado por mantener una reunión con el Consejero de
Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, para que se les explique qué
medidas tienen previstas adoptar con los fisioterapeutas que trabajan en
los hospitales y en los 27 centros que la Comunidad pretende
privatizar.
Paralelamente, la institución colegial ha solicitado
una reunión de carácter urgente con los gerentes de los centros
afectados, de cara a ser informados de la nueva estructuración que se
derivaría con la implantación del Plan en cada caso.
Además,
solicitará la paralización de la aplicación de este Plan y propondrá la
creación de grupos de trabajo conjuntos para elaborar un Plan
alternativo.
Se han obviado malas experiencias previas en Europa
Además,
el CPFCM recuerda y apoya las palabras del presidente de la
Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodriguez ,durante la
inauguración de la III Convención de la Profesión Médica, donde afirmó
que “privatizar la sanidad no va a ahorrar nada”. Para demostrarlo, puso
como ejemplo al sistema nacional de salud británico, al que la
financiación de la iniciativa privada en el sector público costó al
sistema, según un estudio publicado en el British Medical Journal, 1.2
billones de euros en el peor momento de la crisis del 2008.
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